Los ecologistas del
Grupo Ornitológico Balear (GOB) aplaudieron recientemente que el
Ayuntamiento de Palma no se acogiera al Plan Marco de Caza del
Consell de Mallorca, además animaban a otros 26 municipios a que no
lo hiciesen, lo cual a todas luces es un acto de irresponsabilidad.
Torcaces en un tendido eléctrico de Son Ferriol (Palma) |
Para justificar su
alegría, el GOB decía textualmente lo siguiente: “los
terrenos libres de aprovechamiento común fueron creados para
posibilitar la caza a todos los cazadores en aquellas fincas que no
eran coto privado de caza”.
Lo cual es del todo incierto en voz de la ASSOCIACIÓ BALEAR
D´ENTITATS DE CAÇA (ABEC), ya que la ocupación de las piezas de
caza no se basa en la propiedad del terreno, sino en la expresión
latina “res nullius” proveniente del derecho romano.
La citada Ley de Caza
del 70 no dejó los terrenos libres con intención de darles ventaja
a los cazadores, como afirma el grupo ecologista, simplemente los
dueños de esos terrenos no se unieron para la constitución de
acotados privados o sociales. En ese sentido, y para que las
poblaciones de fauna no llegaran nunca a provocar daños agrícolas,
ganaderos o materiales que tengan que asumir los propietarios de los
terrenos o la Administración según el Código Civil, se han
mantenido los terrenos libres en la mayoría de Comunidades
Autónomas. En el caso del municipio de Palma, la actividad
cinegética incide directamente sobre el mantenimiento de las
actividades agrarias y el correcto funcionamiento tráfico aéreo de
Son San Juan.
Acertadamente, la Ley
Balear de Caza establece el marco general -Plan
Marco-
para la planificación y el aprovechamiento cinegético sostenible de
los terrenos libres, mediante la gestión a través de los consejos
insulares, ayuntamientos o sociedades de cazadores locales. Muy al
contrario de los argumentos ecologistas basados en la carencia de
estos documentos de ordenación en este tipo de terrenos.
En cuanto a la
vigilancia, la ABEC opina que debido a que por lo general los
denunciantes de agricultores, ganaderos, cazadores, administraciones
etc. tengan razón o no, siempre son los alarmistas ecologistas;
estos no deben olvidar que la autoridad es desempeñada por agentes
de medio ambiente (AMA), Guardia Civil (SEPRONA), Policía Nacional y
Local, dentro y fuera de los cotos.
Otra de las perlas
reciente y reiterante del Grupo Ornitológico, es instar a la
creación de los refugios de fauna. Pues bien, según trascripción
literal de la legislación vigente “los
titulares de la gestión de los refugios de fauna, responden de los
daños materiales generados por las piezas de caza procedentes de
estos terrenos sobre los bienes agrícolas y forestales”.
Los cazadores de la
asociación ABEC esperan que cuando los titulares de la gestión de
los refugios de fauna tengan que responder con sus propios bienes de
dichos daños, los mismos que les instaron a que declararan dichos
refugios de fauna, colaboren solidariamente en el pago de los gastos,
pero con dinero que no provenga de subvenciones de las
administraciones.
ABEC
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